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Domingo, 08 Mayo 2016 22:18

Gobierno y partidos deben tomarse en serio el Derecho a la Información

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 La FeSP, que siempre ha defendido medidas para garantizarlo, reclama rigor en las críticas a las iniciativas parlamentarias que tratan de regular democráticamente este derecho de la ciudadanía

Ante la convocatoria de elecciones generales para el 26 de junio de 2016, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) reclama a todos los partidos políticos y al futuro Gobierno que, de una vez por todas, se tomen en serio el derecho constitucional y humano de la ciudadanía a la información y la comunicación. Es urgente que promuevan las leyes necesarias y reformen algunas vigentes para garantizar el cumplimiento pleno de ese derecho y situar a este país al nivel del resto de la Unión Europea.

La última iniciativa parlamentaria registrada al respecto -tres proposiciones no de ley presentadas por el grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, que han decaído y no serán debatidas por haber sido disueltas las Cortes- han provocado un aluvión de críticas, muchas de ellas sin el mínimo rigor exigible e incluso en defensa de posiciones contrarias a lo que establecen leyes que están en vigor desde hace años pero no se han aplicado.

Lo que se plantea en esas iniciativas no es nuevo. La FeSP viene reclamando esas y otras propuestas desde que fue constituida, hace 15 años, en consonancia con organismos y normas internacionales, pero los dos grandes partidos políticos nunca tuvieron la voluntad política necesaria para afrontar este asunto porque no han querido enfrentarse a los grandes grupos empresariales de comunicación.

En esas tres iniciativas parlamentarias, ya decaídas, se propone que el Congreso inste al Gobierno, en síntesis, a: garantizar la independencia de la agencia Efe, aprobando por consenso parlamentario el Estatuto que prevé la Constitución; elegir por concurso público el Consejo de Administración y el/la presidente/a y constituir un Consejo de Redacción; favorecer la transparencia en la adjudicación de licencias para radio y televisión, y garantizar el acceso a ellas de los medios comunitarios sin ánimo de lucro (el denominado Tercer Sector), como establece la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual; poner límites a la concentración de medios que existe con la propiedad cruzada, tal y como recomiendan distintos organismos internacionales, y crear un Consejo Estatal del Audiovisual, como en muchos países de Europa.

La FeSP considera que la mayoría de las críticas a las propuestas de democratización del sector de la comunicación –que esta organización sindical profesional viene reclamando desde hace muchos años– solo pretenden mantener la situación actual, que se traduce en una vulneración constante del derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía. Hay que decirlo con claridad, porque hay momentos en que callar es mentir.

La concentración de medios y su propiedad cruzada y opaca ha sido condenada por todas las autoridades europeas. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su filial europea (FEP) –a las que pertenece la FeSP–, así como la OSCE y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, han denunciado que “la concentración en la propiedad de los medios de comunicación masiva es una de las mayores amenazas para el pluralismo y la diversidad en la información.”

Sorprende que se critique la propuesta de crear un Consejo Estatal del Audiovisual, cuando está previsto en la propia Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual y lo han requerido de manera reiterada las autoridades europeas al Estado español. En este terreno, España está a la cola de Europa ya que solo existen organismos de ese tipo –y son muy mejorables– en Cataluña y Andalucía.

También sorprende que se critique la petición de impulsar el Tercer Sector de la comunicación, porque lo que se pide en una de las iniciativas parlamentarias citadas es simplemente que se cumpla la citada ley 7/2010, que establece: “La Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios” (artículo 32). Sin embargo, seis años después de su aprobación no solo no se ha cumplido esa previsión sino que muchas emisoras comunitarias sufren presiones de las distintas administraciones para que dejen de emitir, y son reprimidas y amenazadas porque carecen de licencia debido a que el Gobierno aún no ha aprobado el Plan Técnico Nacional que establece esa ley.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP entiende que no se deben ocultar estas realidades objetivas, porque eso también sería una violación al Derecho a la Información de la ciudadanía, y no va a contribuir a ello por silencio ni omisión. Según datos de la UNESCO, entre los años 1990 y 2013 más de 80 países han impulsado normas reguladoras del derecho a la información. En 1989 solo ocho de los 47 Estados miembro del Consejo de Europa disponían de leyes sobre ese derecho, pero en 2011 ya eran 40, mientras el Estado español y sus comunidades autónomas continúan fuera de esa lista.

Para salir de esa situación y mejorar la calidad de la democracia en el terreno de la comunicación y la información, los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales deben acoger las propuestas que plantea la FeSP desde hace tiempo y que son realidad  en muchos países. Y no deben condenar a quienes lo han hecho, porque eso sería negar un derecho humano esencial establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La FeSP hace un llamamiento a las organizaciones profesionales que defienden  el derecho a la información frente a los privilegios de los grandes grupos de comunicación para que apoyen estas reivindicaciones. No se trata de «controlar los medios», como demagógicamente se ha dicho en algunas críticas, sino de garantizar que los ciudadanos van a recibir información veraz, plural y de calidad porque es un derecho que les pertenece a ellos y no a los periodistas ni a las empresas de comunicación.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

 

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