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Viernes, 09 Diciembre 2016 12:53

Manifiesto de La Laguna por el Derecho a la Información y Comunicación de la ciudadanía

Documento firmado el 7 de diciembre de 2016 por la y la Sociedad Latina de Comunicación Social (SLCS), en el marco del VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación, que hace un llamamiento a la ciudadanía para que se movilicen en la defensa de la democracia informativa y por la plena vigencia del Derecho a la Información y Comunicación de la ciudadanía en España.

Manifiesto de La Laguna por el Derecho a la Información y Comunicación de la ciudadanía

En La Laguna, a siete de diciembre de 2016

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Sociedad Latina de Comunicación Social (SLCS), en el marco del VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación 2016, que se celebra en la Universidad de La Laguna, hacen un llamamiento a los profesores e investigadores universitarios del campo de la Comunicación, la Sociología, las Ciencias Políticas y la Cultura, a los periodistas, a sus organizaciones sindicales y profesionales y a la ciudadanía para que se movilicen en la defensa de la democracia informativa y por la plena vigencia del Derecho a la Información y Comunicación de la ciudadanía en España.

En enero de 2012 la comunidad educativa en Comunicación expuso en su Manifiesto por el cambio cultural y comunicativo su preocupación por el deterioro de la comunicación: “siendo la comunicación un eje transversal de las construcciones democráticas, tanto nacionales como globales, son imprescindibles la democratización y diversidad de las comunicaciones y de sus agentes y el reconocimiento de los derechos sociales a la comunicación y la información”.

En el mismo documento, tras analizar las circunstancias que están propiciando este deterioro y la falta de autoridades reguladoras responsables que tengan como misión preservar el ejercicio de esos derechos fundamentales, se abogaba por:

1. La democratización de las comunicaciones.

2. La efectiva concreción de los derechos sociales a la información y a la comunicación y la definición de unos derechos de autoría compatibles con el acceso a la cultura.

3. La adopción de normativas y medidas a escalas internacional y estatal contra la concentración de medios, tanto en la red como en las industrias culturales.

4. La aprobación de un Estatuto de la profesión periodística y del derecho de información.

5. La defensa y viabilidad de los servicios públicos, tanto de RTVE como de las radiotelevisiones autonómicas.

6. El apoyo explícito a la comunicación de proximidad de las radiotelevisiones locales y la comunicación social de las emisoras comunitarias.

7. La puesta en marcha de Consejos del Audiovisual.

Cuatro años después de aquella declaración, no sólo no se ha avanzado en ninguna de esas propuestas, sino que ha aumentado el deterioro de la información y la concentración de los medios en manos de grupos económicos con nulo interés en la obligación social de los medios.

En los medios de titularidad pública tampoco se avanza en la implantación de normas transparentes que terminen con la manipulación informativa a favor del grupo político dominante.

Tampoco se ha dado cumplimiento a lo que ya marca la ley sobre la promoción de los medios comunitarios para dar garantías de pluralismo informativo y liberar las acalladas múltiples expresiones de la sociedad.

Entendemos que, partiendo de la comunidad universitaria y de los trabajadores de la comunicación, se deben desarrollar las herramientas necesarias para la extensión, la divulgación y la toma de conciencia de la ciudadanía de su facultad para reclamar algo que es de su exclusiva propiedad: el Derecho a la Información y la Comunicación.

Las autoridades y tribunales internacionales pertinentes han reconocido de manera fundamentada que estamos ante la vulneración de un Derecho Humano y que, como tal, es obligación de los Estados arbitrar medidas legales para garantizar su pleno ejercicio.

Sin embargo, esto no se hará efectivo si la ciudadanía no saca a los legisladores de su inopia y les exige que cumplan con su obligación de proteger los derechos ciudadanos, superando su actitud timorata y complaciente ante los grandes grupos de comunicación.

Su pasividad los convierte en cómplices necesarios en el secuestro de esos derechos, aunque muchos de ellos no tengan siquiera conciencia de esta situación.

Ante esta situación no basta con la mera formulación de buenas intenciones. La tremenda transversalidad de la comunicación, que interacciona los intereses de una industria con un derecho fundamental, exige estudios serios y soluciones audaces que respondan a las necesidades ciudadanas del siglo XXI.

La universidad, los profesionales de la información, sus organizaciones sindicales y profesionales y las organizaciones ciudadanas preocupadas por la comunicación y las libertades son quienes tienen la capacidad y el deber de alcanzar las respuestas que se requieren y la obligación de trabajar de manera conjunta tanto para formularlas como para ayudar a hacer de ellas una reivindicación social.

Con esa intención, las organizaciones firmantes de este manifiesto llaman a todas estas comunidades a integrarse en un proyecto de estudio y acción para trabajar en todos los niveles por la defensa de la democracia informativa y el desarrollo de los instrumentos legales para alcanzar la plena vigencia del Derecho a la Información y Comunicación de la ciudadanía en España.

Agustín Yanel, Secretario general de la FeSP; José Manuel de Pablos, Presidente de la SLCS.

 

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