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Martes, 10 Febrero 2015 13:49

Los periodistas podrían ser acusados de “terrorismo”

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Hoy se vota en el Congreso la toma en consideración del llamado “pacto antiterrorista”; un atentado a las libertades que amenaza, entre otros, al periodismo de investigación.

De “estado de excepción encubierto” califica la Plataforma en Defensa de la Libertad e Información (PDLI) -de la que forma parte la FeSP-, la Proposición de Ley que los grupos parlamentarios del PP y PSOE más tres diputados del grupo Mixto, registraron en el Congreso el pasado tres de febrero, y que hoy se tramitará por vía de urgencia y en lectura única si esta tarde el pleno, como es probable, vota favorablemente su “toma en consideración”.

En un comuncado emitido hoy la PDLI señala que "Se trata de una reforma del Código penal, añadida a la que ya se ha aprobado en la Cámara baja la pasada semana, en materia, supuestamente, de “terrorismo”. Sin embargo, la definición legal del fenómeno es tan genérica y los delitos que pasan a considerarse como “terrorismo” son tan amplios, que esta norma, lejos de defender las libertades como proclama su título, las amenaza.

Por un lado, puede llegar a castigar con penas muy elevadas actividades que no guardan ninguna relación con lo que cabe entender por terrorismo, por ejemplo “hackear” una web alterando su aspecto como forma de protesta, el envío masivo de correos, difundir consignas por Internet, consultar determinadas webs o paralizar un desahucio.

Y, por otro, al considerarlas acciones terroristas, permite suspender derechos esenciales a los individuos sospechosos de haberlas realizado como interceptar sus comunicaciones sin orden judicial previa o detenciones de hasta cinco días.

En cuanto al periodismo de investigación puede verse afectado desde la cobertura de informaciones sobre terrorismo -la consulta de webs puede considerarse delito- o seguridad informática -los delitos informáticos podrían ahora ser “terrorismo”, y determinados supuestos pueden afectar a los periodistas que cubren estas noticias- hasta las filtraciones, puesto que “la revelación de datos bancarios puede ser un delito informático terrorista”.

Por último, la PDLI "también rechaza, y considera contraria al Reglamento del Congreso, la tramitación exprés de esta Proposición de Ley, procedimiento sumamente excepcional que se contempla en el artículo 150 del Reglamento del Congreso solo “Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita”, algo que, a juicio de la PDLI, no cumple aquí, al verse afectados derechos fundamentales.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), se ha dirigido en el día de hoy a todos los portavoces parlamentarios instándoles a votar en contra de la toma en consideración de esta Proposición de Ley."

- El triunfo del terrorismo (C.S. Almeida, 9 de febrero de 2015)

- “El caso Charlie Hebdo se está utilizando para cortar las libertades” (PDLI, 14 enero 2015)

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), esta integrada por organizaciones de juristas y abogados, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Unión Progresista de Fiscales o la Comisión Legal Sol; de periodistas, como la Federación de Sindicatos de Periodistas; por medios como ElDiario.es, 20 minutos, la agencia Disopress, o la revista Mongolia; asociaciones de consumidores como la OCU y CEACCU; profesores de universidad y grupos de investigación como Manuel Sánchez de Diego (UCM), Manuel Maroto (UCLM) o el grupo sobre redes tecnopolítica de la UOC; y periodistas, cineastas y abogados como Mario Tascón, Virginia Pérez Alonso, Juan Luis Sánchez o Stéphane Grueso.

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