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Viernes, 19 Mayo 2017 07:29

La Rioja regula la publicidad institucional

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La nueva Ley de Comunicación y Publicidad Institucional aspira a poner fin a largos años de prevaricación administrativa y compra de la información.

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado ayer, 18 de mayo, el proyecto de Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de esa autonomía. El texto responde al nuevo modelo de publicidad institucional del Gobierno de La Rioja y, más concretamente, a su dimensión normativa. “De esta forma, se crea un marco regulatorio en materia de comunicación y publicidad institucional con un triple objetivo: generar un comportamiento corporativo en el Gobierno; hacer de la publicidad institucional una política pública, transparente, profesionalizada y de utilidad pública; y fortalecer los derechos de los ciudadanos y la fiscalización de la publicidad”, según se ha anunciado.

El anteproyecto de esta ley se ha elabora de forma abierta y participativa, ya que se contó con la participación del sector a través de las distintas organizaciones: A Crera, Sindicato de Profesionales de la Información de La Rioja (SPIR-FeSP) y Asociación de La Prensa; y se implicó al Parlamento regional a través de los grupos parlamentarios. Todas las propuestas realizadas han sido incorporadas al texto legal final.

La portavoz del Ejecutivo regional, Begoña Martínez Arregui, ha señalado que "al inicio de la Legislatura situé la necesidad de establecer una política de comunicación objetiva, veraz y transparente" y ha subrayado que "el Gobierno de La Rioja considera que el derecho a la información es un derecho instrumental para garantizar otros. Es la piedra angular sobre la que se sustentan el resto de las libertades".

La ley se estructura en una exposición de motivos, 4 capítulos y 13 artículos que establecen las disposiciones generales, los principios de aplicación a la acción comunicativa con los sujetos afectados, el régimen jurídico de la publicidad institucional y las garantías y derechos de los ciudadanos en relación a la cancelación o rectificación. Se completa con algunas disposiciones transitorias y finales, entre las que destaca la posible creación de un órgano colegiado que vele por el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en esta Ley.

El primer capítulo recoge las disposiciones generales relativas al alcance objetivo y subjetivo de la norma. En relación al objeto, se opta por incluir la comunicación institucional del sector público autonómico en su aceptación integral. También define el concepto de comunicación institucional y especifica que las redes sociales serán consideradas a todos los efectos medios de difusión.

El capítulo se completa con el ámbito subjetivo al que atañe la ley y concreta que las disposiciones se aplicarán a todas las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Administración General de la CAR, organismos públicos y fundaciones, consorcios y empresas públicas), Parlamento de La Rioja, entidades locales con población superior a 5.000 habitantes y la Universidad de La Rioja.

El capítulo segundo se refiere a la comunicación institucional y detalla tanto los principios como los criterios a los que se sujetará. Entre los principios, cabe destacar la objetividad y veracidad, la orientación al servicio público, la transparencia, la claridad y la responsabilidad y rendición de cuentas.

También se alude a la normalización de procedimientos de planificación y evaluación, la pluralidad en los medios y soportes utilizados, el fomento del periodismo ético y el respeto a los códigos deontológicos de los propios medios. Por lo que respecta a los criterios, destacan el respeto con el medio ambiente, la atención a la diversidad, la accesibilidad a la información, la protección de la infancia y la perspectiva de género.

El tercer capítulo se refiere a la publicidad institucional. El Gobierno de La Rioja también remitió en su momento al Parlamento regional el Plan General de Publicidad Institucional, que incluye toda la actividad publicitaria de la Comunidad Autónoma y sus entes públicos para este año. Este apartado de la ley recoge expresamente el concepto de publicidad institucional, se refiere a los soportes, al objeto de las campañas y determina una serie de prohibiciones. También reserva un espacio para todo lo relativos a procesos electorales y de referéndum.

El cuarto capítulo de la ley hace alusión a las garantías y derechos de los ciudadanos. Regula el derecho de solicitar la cesación inmediata o la rectificación de aquellas campañas que incumplan algunas de las previsiones contenidas en la ley y señala que las solicitudes deberán dirigirse ante el titular de la consejería competente en materia de política informativa y de comunicación. La solicitud se resolverá en un plazo máximo de 6 días.

http://www.larioja.org/comunicacion/es/noticias/gobierno-rioja-aprueba-proyecto-ley-comunicacion-publicidad

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