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Jueves, 24 Agosto 2017 20:59

Piden al Congreso que se oponga a la extradición de Hamza Yalçin

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La PDLI, la FIP y la FeSP afirman que si el Gobierno la concede, España se convertiría en "un cómplice de las vulneraciones de Derechos Humanos" en Turquía.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), han presentado hoy a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un escrito sobre la «vulneración sistemática de los Derechos Humanos en Turquía», en el que les piden que se manifiesten de manera inequívoca contra la extradición a ese país del periodista turco-sueco Hamza Yalçin y del periodista turco-alemán Dogan Alkhandi.

Yalçin fue detenido el pasado 3 de agosto en el aeropuerto del Prat (Barcelona), por una orden internacional de detención contra él cursada por Turquía a través de Interpol. La Audiencia Nacional ha confirmado hoy que seguirá en prisión preventiva, por riesgo de fuga si quedara en libertad. Alkhandi fue detenido el 19 de agosto en Granada y está en libertad provisional, pero también pendiente de una petición de extradición de Turquía.

En el escrito entregado a los portavoces parlamentarios, la PDLI, la FIP y la FeSP muestran su preocupación por esas detenciones, porque se han llevado a cabo con acusaciones que no merecen credibilidad.

Según estas organizaciones, la Ley de Extradición Pasiva vigente en España permite que el Gobierno rechace estas peticiones de extradición –incluso en el caso de que la Audiencia Nacional informara a favor de concederlas, el Consejo de Ministros tiene la última palabra–, al menos por tres motivos que contempla dicha ley: cuando hay sospechas fundadas de que se pide la extradición para castigar a una persona por sus opiniones políticas; cuando el país que reclama acusa de delitos políticos, y cuando ese país no ofrece garantías de que se asegurará la integridad física de la persona reclamada y que no sufrirá tratos vejatorios (desde el fallido golpe de Estado del verano pasado, Turquía ha suspendido la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos).

Junto al escrito han presentado un informe sobre el estado actual de la libertad de prensa en Turquía, en el que se recogen las denuncias de organismos internacionales como Naciones Unidas, Consejo de Europa, Comisión Europea, Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE), Federación Europea de Periodistas (FEP), Instituto Internacional de Prensa (IPI), Human Rights Watch (HRW) y Centro Europeo de Libertad de Prensa (ECMPF), entre otras.

Para presentar esos escritos han acudido al Congreso Yolanda Quintana, secretaria general de la PDLI; Paco Audije, de la FIP, y Agustín Yanel, secretario general de la FeSP. Han hecho coincidir la presentación de los escritos con la reunión que ha celebrado hoy la Diputación Permanente del Congreso, que ha aprobado -con los votos a favor de todos los grupos excepto el PP- una propuesta de Unidos Podemos y ERC para que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparezca próximamente en una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia a dar explicaciones sobre las gestiones que haya realizado el Gobierno respecto al periodista Hamza Yalçin.

Hay que recordar que la Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha pedido recientemente –como también lo hizo el Consejo de Europa hace unas semanas– a Interpol que revise escrupulosamente las peticiones de arresto porque la institución no puede ser utilizada para perseguir las disidencias políticas en los distintos estados.

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