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Martes, 14 Noviembre 2017 18:21

Condena de la CIDH por el despido de un sindicalista

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera la vulneración de los derechos al trabajo y a las libertades de asociación, pensamiento y expresión.

Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado una condena relativa a la violación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con motivo de la vulneración del derecho al trabajo, en particular de los derechos a la estabilidad laboral y de asociación. La Corte ha condenado al Estado del Perú como consecuencia del despido irregular del sindicalista  Alfredo Lagos del Campo. En el mismo caso la CIDH dictaminó la violación de los derechos a la libertad de expresión, garantías judiciales y acceso a la justicia, del trabajador.

Lagos del Campo durante una entrevista denunció supuestas irregularidades del directorio de la empresa en la que trabajaba durante las elecciones sindicales; por este motivo, se le sancionó con una falta laboral y se procedió a su despido. Todos los recursos judiciales planeados por Lagos del Campo fueron denegados o declarados improcedentes hasta llegar a la CIDH.

En relación con el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la Corte consideró que la protección de este derecho resulta particularmente aplicable a contextos laborales. El Estado no solo debe respetarlo sino también garantizarlo a fin de que los trabajadores o sus representantes puedan también ejercerlo, de manera tal que en caso en que exista un interés general o público, se requiere de un nivel reforzado de protección de la libertad de expresión, especialmente respecto de quienes ejercen un cargo de representación.

En lo que atañe a la violación de la libertad de asociación, la Corte indicó que en materia laboral este derecho no solo se aplica a los sindicatos sino a cualquier organización destinada a la representar los intereses legítimos de los trabajadores. En este caso, el despido irregular de Lagos del Campo le impidió continuar con su cargo de representación de los trabajadores y acudir a la reunión del Comité Electoral que él mismo había convocado.

En lo que respecta al derecho de acceso a la justicia, la Corte observó que Lagos del Campo interpuso al menos siete recursos judiciales y solicitudes ante órganos judiciales en el ámbito interno, con el fin de anular la decisión de segunda instancia que consideró su despido como regular. Al analizar la respuesta judicial la Corte Interamericana consideró diversas irregularidades y omisiones, por lo que concluyó que el Estado había violado los derechos a las garantías judiciales y protección judicial.

En vista de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación que se publique la sentencia y se indemnice al demandante por el daño material sufrido, lo cual incluye los salarios que ha dejado de percibir desde el 1 de julio de 1989, la pensión de jubilación y los beneficios sociales que le  corresponden.

La sentencia: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_340_esp.pdf

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_39_17.pdf

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