Son 11 hombres y seis mujeres, entre quienes están la exdirectora general de la Corporación, Carmen Caffarell; los periodistas Diego Carcedo y Juan Roldán; los catedráticos Enrique Bustamante y Francisco Sierra, y otros profesores y profesionales de esta empresa pública.

Llevan entre seis y 18 años informando desde pueblos de Madrid a 18€ por noticia, con máximo de 25 crónicas al mes. Sentencian que deberán tener contratos indefinidos no fijos.

Los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio han comparecido en el Parlament para exigir la estabilidad presupuestaria e institucional de esos medios.

El SPA-FeSP, la ReMC, la PDLI, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras organizaciones piden al Parlamento andaluz que desatasque con urgencia su tramitación.

Tras el desbloqueo político, los CdI han suspendido temporalmente la protesta tras haberlo decidido el voto mayoritario de los distintos centros de la corporación.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Teledetodos, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) han difundido el siguiente comunicado conjunto, en defensa del concurso público que han convocado las Mesas del Congreso de los Diputados y el Senado para la elección de la cúpula directiva de RTV:

“Las organizaciones firmantes de este comunicado expresamos nuestro apoyo al acuerdo adoptado por las Mesas del Congreso y el Senado de convocar a la mayor brevedad el concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración, y, entre ellos, a la persona que ocupe la Presidencia de la Corporación RTVE, tal y como establece la ley.

El concurso público es un procedimiento crucial para quebrar las dinámicas partidistas -como las que han impedido el consenso para nombrar al Consejo de transición, de acuerdo con el Real Decreto Ley aprobado al efecto- y para iniciar un nuevo tiempo en RTVE, en el que la independencia y el pluralismo sean las señas de identidad de un auténtico servicio público de comunicación audiovisual estatal.

Esperamos de dicho concurso, y de la comisión de expertos que participe en el proceso, que la elección de los miembros del Consejo de Administración responda a baremos objetivos de mérito, trayectoria y capacidad, y sea llevado a cabo con la máxima transparencia.

Asimismo, durante el periodo transitorio hasta la celebración del concurso público, pedimos a los gestores provisionales de RTVE que finalmente sean nombrados por el Congreso:

1. Una evaluación independiente de la situación financiera, patrimonial y funcional de la CRTVE.

2.Con el fin de garantizar la independencia informativa:

- Conferir carácter vinculante al referéndum que, de acuerdo con el Estatuto de la Información de la Corporación, se convoque para informar sobre los nombramientos de las direcciones de Informativos.

- Implantar un procedimiento interno para que la cobertura de los puestos de responsabilidad editorial se efectúe de acuerdo con criterios de mérito y capacidad.

3. Reorientar la nueva gestión al servicio del público, de modo que en el tiempo más breve posible la audiencia pueda reconocerse en toda su pluralidad en los programas de RTVE.

En todo caso, consideramos que el concurso público, siendo condición necesaria para la regeneración de RTVE, ha de ser un primer paso que propicie un amplio debate sobre el modelo audiovisual, con participación de expertos, parlamentarios, organizaciones y movimientos sociales, en el marco de una revisión en profundidad del actual marco normativo: regulación de RTVE; mandato marco y contratos programa; financiación estable y suficiente, y reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual aprovechando la próxima trasposición de la Directiva de Servicios Audiovisuales europea.

La sociedad no puede tolerar por más tiempo una RTVE al servicio de intereses partidistas. RTVE no es de nadie, es de TODOS.”

La FeSP critica este proceso y espero un nombramiento de amplio consenso, necesariamente temporal y a la espera del imprescindible concurso público.

Aunque no habrá ningún despido, lamentan que otras noventa no lo sean, y esperan que se convoque a la brevedad posible una oferta pública de empleo.

PSOE y Unidos Podemos se han negado a votar, porque la propuesta por sorpresa de ambos partidos de la derecha les da mayoría en el comité de expertos.

Este sindicato pide a los grupos políticos canarios que no caigan en esa "trampa", porque permitiría otra privatización de los servicios informativos de la radio televisión pública canaria.