La Inspección de Trabajo pide que se declaren nulos los despidos por incumplimiento de los plazos legales, trabajadores de alta en dos empresas, anomalías en la comisión negociadora y otras irregularidades.

La justicia desestima la acusación de “violación de domicilio” del Gobierno argentino y fija que los acusados actuaron en ejercicio de sus derechos sindicales.

Un magistrado de Gran Canaria rechaza el despido pretendidamente “objetivo” de una trabajadora que fue reemplazada por una herramienta informática.

Debe pagar 3.000 euros por "intromisión ilegítima y lesión en el derecho al honor" de la diputada Irene Montero por varios comentarios machistas sobre ella.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH califica de excelente un fallo del Supremo de Costa Rica que confirma que no se puede requerir.

Prohíbe revisar los mensajes del teléfono de un fotoperiodista porque le ampara el secreto profesional que “no es sólo un derecho sino también una obligación de todo informador".

Tras más de cinco años, se le condena a indemnizar al reportero con 1771,45€, más intereses y costas por el mal funcionamiento de la administración.

La instructora le imputa los delitos de prevaricación, vulneración del secreto profesional, interceptación ilegal de comunicaciones y violación de domicilio.

La FIP y la FEP rechazan la decisión del gobierno de EE. UU. de procesar al cofundador de WikiLeaks, aplicándole de la Ley de Espionaje.

Mediatem Canales Telemáticos, empresa de Mediapro, es condenada por suplir a sus trabajadores en el Congreso en la huelga feminista del 8M de 2018.